La violencia en México ha dejado una nueva víctima que enluta a la comunidad venezolana migrante. Johanna Castillo Peraza, una venezolana asesinada en México, tenía 39 años y fue atacada a tiros en el estado Colima, específicamente en Manzanillo.
Durante el ataque, su hija mayor resultó herida y permanece hospitalizada bajo estrictos cuidados médicos.
De acuerdo con las primeras versiones de la prensa local, Castillo Peraza se trasladaba en su vehículo hacia su residencia cuando sujetos armados abrieron fuego sin contemplación. La hipótesis principal que manejan las autoridades apunta a un acto de venganza, aunque tampoco descartan un caso de sicariato.
Una venezolana asesinada en México: Madre de cuatro hijos
Johanna Castillo era madre de cuatro hijos y, según allegados, residió en el sector Los Próceres, en Guanare, estado Portuguesa, antes de emigrar a México en busca de mejores oportunidades. Ahora, su familia enfrenta una doble tragedia: la pérdida irreparable de una madre y el estado crítico de su hija.
Los familiares han iniciado campañas de recaudación de fondos para repatriar el cuerpo y cubrir los gastos médicos. En redes sociales, amigos y conocidos han exigido justicia y clamado por un esclarecimiento rápido de los hechos.
El caso de esta venezolana asesinada en México pone de relieve los peligros que enfrentan mujeres migrantes en un país marcado por altos índices de criminalidad.
No es un hecho aislado: un patrón de violencia contra venezolanas
La muerte de Castillo Peraza no es un caso aislado. En los últimos años, varias venezolanas han perdido la vida en México en circunstancias violentas.
Uno de los episodios más estremecedores ocurrió en 2024, cuando Stephani y Susej, dos jóvenes de 19 y 21 años originarias de Maracaibo, fueron halladas muertas y calcinadas en un paraje de Topilejo, en la alcaldía Tlalpan de Ciudad de México. Ambas habían llegado a la capital mexicana con el sueño de convertirse en modelos, pero terminaron atrapadas en una presunta red de trata de personas.
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia, encabezada por Ulises Lara, las jóvenes fueron retenidas y explotadas sexualmente antes de ser asesinadas. Tras las investigaciones, se catearon inmuebles en las colonias Providencia y Buenavista, donde operaba la red criminal.
Estos casos han encendido las alarmas sobre la vulnerabilidad de mujeres migrantes, en especial venezolanas, que buscan rehacer sus vidas en México pero terminan expuestas a redes de trata, violencia de género y crímenes organizados.
Historias truncadas de mujeres migrantes
En marzo de 2024, otra venezolana asesinada en México, Mary Antoniela, de 19 años, fue hallada muerta en los límites entre el Estado de México e Hidalgo. La joven había desaparecido días antes mientras esperaba una cita para obtener su visa y poder ingresar a Estados Unidos. Su muerte fue clasificada como feminicidio.
Un caso similar ocurrió en diciembre de 2023, cuando Guillki Maika Torres Obelmejias, de 38 años, fue localizada sin vida en Chapala, Jalisco. Su desaparición y posterior hallazgo en un terreno con tierra removida causó conmoción entre los venezolanos residentes en la región.
Estos hechos evidencian que la problemática trasciende lo individual: existe un patrón sistemático de vulnerabilidad que coloca a las migrantes venezolanas en riesgo extremo.
Factores de riesgo y deuda de justicia
Expertos en migración y derechos humanos señalan que la precariedad económica, la falta de redes de apoyo y la discriminación convierten a las migrantes en blanco fácil de grupos criminales. En muchos casos, las mujeres se ven obligadas a aceptar empleos inseguros, a trasladarse por rutas peligrosas o incluso a vincularse con personas desconocidas que ofrecen oportunidades laborales fraudulentas.
Las cifras de feminicidios en México superan las mil víctimas cada año, según datos oficiales, pero organizaciones civiles advierten que la cifra real podría ser aún mayor por la falta de clasificación adecuada de los casos.
La impunidad también es un factor determinante. En la mayoría de estos crímenes contra mujeres migrantes, las investigaciones avanzan lentamente y pocas veces concluyen con responsables tras las rejas. Para los familiares de Johanna Castillo y de otras víctimas, la sensación de abandono es un dolor adicional a la pérdida.
Una diáspora que clama seguridad
La diáspora venezolana en México, que crece año tras año, enfrenta no solo los desafíos de adaptación económica y social, sino también la amenaza constante de la violencia. En grupos comunitarios y foros digitales, los migrantes han comenzado a organizarse para exigir mayor protección y apoyo de las autoridades.
El caso de Johanna Castillo Peraza es ahora un emblema de esa exigencia. La historia de esta venezolana asesinada en México no debe pasar al olvido, sino servir de impulso para que se refuercen las medidas de seguridad y se garantice justicia a todas las víctimas de feminicidio y violencia criminal.
La tragedia de Johanna Castillo Peraza y la serie de casos similares revelan una realidad alarmante: ser mujer, migrante y venezolana en México puede implicar un triple riesgo. Mientras los familiares luchan por repatriar cuerpos, cubrir gastos médicos o simplemente obtener respuestas de las autoridades, queda claro que la diáspora necesita no solo oportunidades, sino también protección.
La expresión “venezolana asesinada en México” se ha convertido en un titular recurrente que refleja tanto la violencia estructural como la fragilidad de las redes de justicia. El reto ahora está en que estas historias no se repitan y que las víctimas encuentren, al fin, la justicia que se les adeuda.