El presidente Nicolás Maduro anunció el 30 de septiembre de 2025 la suscripción de un decreto de estado de conmoción externa en Venezuela, en respuesta al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y lo que el Gobierno calificó como “peligrosas amenazas” contra la soberanía nacional.
El decreto de conmoción externa en Venezuela es un hecho histórico, ya que es la primera vez que se activa esta figura desde la entrada en vigor de la Constitución de 1999. Sin embargo, la falta de publicación oficial del documento genera incertidumbre en la ciudadanía sobre su alcance real.
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este lunes, 29 de septiembre de 2025, que el presidente Nicolás Maduro firmó un decreto que le otorga poderes especiales en caso de una incursión militar extranjera.
“Cualquier tipo de agresión externa… si se atreviesen las Fuerzas Armadas militares de los Estados Unidos se considera una agresión externa y se activaría de manera inmediata este decreto de sección de conmoción externa”, dijo Rodríguez durante una sesión del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz en Caracas.
¿Qué son los estados de excepción y cuáles incluye la Constitución?
La Constitución venezolana contempla cuatro modalidades de estados de excepción:
- Estado de alarma, aplicable en situaciones de catástrofes naturales o emergencias ambientales.
- Estado de emergencia económica, que ya se encuentra vigente en el país.
- Estado de conmoción interna, en casos de alteraciones graves del orden público.
- Estado de conmoción externa, destinado a enfrentar conflictos o amenazas provenientes del exterior.
En este último caso, la Carta Magna establece que puede decretarse cuando exista un peligro real para la seguridad de la nación, sus ciudadanos o sus instituciones.
Los elementos del estado de conmoción externa en Venezuela
De acuerdo con especialistas en derecho constitucional, los elementos del estado de conmoción externa en Venezuela incluyen:
- Causa habilitante: una amenaza extranjera que comprometa la estabilidad nacional.
- Decreto presidencial: dictado por el jefe de Estado en Consejo de Ministros.
- Duración limitada: hasta 90 días prorrogables por otros 90.
- Restricción de garantías: suspensión parcial de derechos constitucionales, excepto los derechos intangibles como la vida, el debido proceso, la prohibición de tortura y la libertad de información.
- Control institucional: debe ser remitido a la Asamblea Nacional y al Tribunal Supremo de Justicia, aunque en la práctica ambos órganos están alineados con el oficialismo.
Estos elementos reflejan tanto el poder concentrado que obtiene el presidente como las limitaciones formales previstas en la ley.
Alcance y consecuencias políticas
La vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró que el decreto otorga a Maduro “facultades especiales” para actuar en defensa y seguridad. Entre las medidas que podrían aplicarse destacan:
- Movilización obligatoria de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
- Control directo de servicios públicos, industria petrolera y empresas estratégicas.
- Cierre de fronteras terrestres, marítimas y aéreas.
- Expropiaciones de bienes bajo el argumento de seguridad nacional.
- Implementación de planes económicos y sociales de emergencia.
En la práctica, el decreto abre la puerta a un control total del Ejecutivo sobre la vida política, económica y social del país.
Debate sobre su justificación
Expertos como el abogado Juan Carlos Apitz sostienen que los fundamentos para declarar un estado de conmoción externa no están dados, ya que Estados Unidos no ha declarado formalmente la guerra ni ha atacado territorio venezolano. No obstante, Maduro argumenta que las agresiones no son únicamente militares, sino también económicas, políticas y psicológicas, en el marco de sanciones y bloqueos.
La ONG Acceso a la Justicia advirtió que la ausencia de publicación del decreto es “sumamente grave”, pues impide conocer las restricciones exactas de derechos y abre un espacio de incertidumbre legal para los ciudadanos.
Contexto internacional
La medida coincide con el discurso del canciller Yván Gil en la 80ª Asamblea General de la ONU, donde denunció que Washington busca apropiarse de las reservas energéticas venezolanas. Paralelamente, el presidente Donald Trump ha ordenado operaciones militares en el Caribe contra embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico, lo que ha elevado la tensión regional.
Pescadores en Margarita, entrevistados por medios locales, expresaron su preocupación: “Para un misil no sé cómo se está preparado”, reflejando el temor en comunidades costeras que podrían ser afectadas en caso de un conflicto armado.
Lo que viene
Aunque Maduro aseguró que se inició un “proceso de consultas”, no se ha informado cómo ni con quién se llevó a cabo. Para analistas, esto refuerza la idea de que no existen contrapesos reales que limiten el poder presidencial. La Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo, ambos bajo control oficialista, difícilmente revertirán la medida.
En conclusión, los elementos del estado de conmoción externa en Venezuela no solo implican facultades extraordinarias para el presidente, sino también un cambio profundo en el equilibrio institucional del país.
En medio de un contexto de alta tensión geopolítica y crisis interna, el decreto representa un nuevo capítulo de incertidumbre para los venezolanos, quienes esperan conocer oficialmente cuáles serán las garantías restringidas y cómo afectará su vida cotidiana.
