El estado de Guanajuato presentó una serie de iniciativas legales que buscan fortalecer la protección de niñas, niños, adolescentes y mujeres frente a delitos sexuales y violencia de género. Entre ellas, destaca la creación de un Registro Público de Personas Agresoras Sexuales, una medida inédita en la entidad que pretende establecer un mecanismo de identificación y sanción contra quienes hayan cometido este tipo de delitos.
Las propuestas fueron anunciadas por la gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo ante el Congreso local, con el objetivo de generar mejores condiciones de justicia, respeto y seguridad para la ciudadanía. Según la mandataria, estas reformas representan un paso fundamental para la construcción de políticas públicas más firmes en la prevención y castigo de agresiones sexuales.
El Registro Público de Personas Agresoras Sexuales en Guanajuato
La iniciativa más relevante es la creación de un sistema estatal que concentre la información de personas sentenciadas por delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes. Este registro público de agresores sexuales en Guanajuato sería de carácter público, lo que permitiría a instituciones y ciudadanos acceder a la identidad de quienes han sido responsables de estos delitos.
De acuerdo con García Muñoz Ledo, el mecanismo busca no solo sancionar a los agresores, sino también funcionar como herramienta preventiva para reducir la reincidencia.
“Una agresión sexual cometida contra nuestras niñas y niños no debe quedar en el olvido. Las víctimas de estos delitos cargan con un sufrimiento de por vida, y quienes los agreden deben saber que estarán identificados en un registro público para evitar futuras agresiones”, declaró la gobernadora durante la presentación de la propuesta.
La medida se inscribe en un contexto nacional en el que los delitos sexuales contra menores han registrado incrementos preocupantes, y en el que diversas organizaciones civiles han señalado la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, identificación y sanción.
Reforma al Código Penal en materia de violencia familiar
Una segunda propuesta presentada por el Ejecutivo estatal contempla una reforma al Código Penal de Guanajuato en materia de violencia familiar.
El registro público de agresores sexuales en Guanajuato busca elevar las sanciones para los responsables de este delito, además, eliminar beneficios procesales que permitan a los agresores salir libres bajo suspensión condicionada del proceso.
Con esta reforma, la autoridad estatal pretende enviar un mensaje claro: la violencia en el hogar no será tolerada y tendrá consecuencias legales más severas. Este cambio se alinea con recomendaciones de organismos de derechos humanos y con la demanda social de garantizar mayor seguridad en el núcleo familiar.
El acoso sexual como falta administrativa grave
La tercera iniciativa presentada corresponde a la inclusión del acoso sexual dentro de la Ley de Responsabilidades Administrativas como una falta grave. Si bien este comportamiento ya está tipificado como delito en el ámbito penal, hasta ahora no estaba considerado con el mismo nivel de severidad en el ámbito administrativo.
De aprobarse, los servidores públicos acusados de acoso sexual podrían enfrentar sanciones más estrictas, que incluirían la destitución e inhabilitación para ejercer cargos en el servicio público.
“En el servicio público no cabe la violencia sexual ni ninguna otra. Solo la ética y el respeto deben regir a quienes tienen la responsabilidad de servir a la ciudadanía”, subrayó la gobernadora.
Impacto esperado y críticas potenciales
La administración estatal sostiene que, de aprobarse, estas iniciativas marcarán un antes y un después en la manera en la que Guanajuato aborda la seguridad y protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Expertos en derecho penal y género señalan que un registro público de agresores sexuales puede funcionar como herramienta de prevención, pero advierten que debe garantizar el respeto a los derechos humanos y evitar convertirse en un instrumento de estigmatización que no contribuya a la reinserción social.
Por otro lado, colectivos feministas han respaldado la propuesta, al considerar que responde a la necesidad de visibilizar a quienes han cometido delitos sexuales y proteger a las posibles futuras víctimas. Sin embargo, también piden que las medidas se acompañen de políticas integrales, como la atención psicológica a sobrevivientes, la capacitación de jueces y ministerios públicos y la prevención desde la educación.
Guanajuato frente al reto de la violencia
Las iniciativas llegan en un momento en que Guanajuato enfrenta un panorama complejo en materia de violencia. Aunque la entidad ha mostrado avances en algunos rubros, persiste un elevado número de denuncias por violencia familiar y delitos sexuales, lo que ha generado presión social para implementar medidas más estrictas.
La creación del registro y las reformas al Código Penal podrían convertirse en referentes para otros estados del país, en caso de mostrar resultados positivos. Sin embargo, el reto será asegurar su correcta implementación y evitar que se conviertan en acciones simbólicas sin impacto real en la reducción de la violencia.
El Registro Público de Personas Agresoras Sexuales en Guanajuato, junto con la reforma al Código Penal en materia de violencia familiar y la tipificación del acoso sexual como falta administrativa grave, representan una apuesta del gobierno por endurecer las sanciones contra delitos que afectan a los sectores más vulnerables.
De aprobarse, las medidas enviarán un mensaje de tolerancia cero hacia la violencia sexual y familiar, y podrían marcar un cambio estructural en la forma en que el estado enfrenta estos delitos. No obstante, especialistas coinciden en que su efectividad dependerá de la coordinación entre autoridades, sociedad civil y sistema judicial, así como de la inversión en políticas de prevención y atención integral a víctimas.