La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) manifestó su firme rechazo a una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados que busca regular publicaciones digitales de religiosos, entre ellos sacerdotes, pastores, monjas y ministros de culto.
La propuesta, impulsada por el diputado de Morena Arturo Ávila, ha generado fuerte polémica en el país, al ser considerada un intento de censura contra la libertad religiosa y de expresión.
La iniciativa pretende modificar el artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, añadiendo un párrafo que obligaría a los líderes religiosos y asociaciones de fe que manejen redes sociales o plataformas digitales a sujetarse a los lineamientos que emita la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), en coordinación con la Secretaría de Gobernación.
Dichos lineamientos buscarían, según el texto, “garantizar el respeto a los derechos digitales, la neutralidad de la red y la prevención de discursos de odio”.
De aprobarse, México sería el único país en América Latina en donde los ministros de culto estarían bajo vigilancia directa del Estado en materia de contenido digital, lo que diversos expertos y organizaciones civiles califican como una “censura disfrazada de ley”.
El abogado Uriel Esqueda, representante de la organización Actívate.org.mx, advirtió que esta iniciativa “regresaría a México al siglo pasado”, cuando existían fuertes restricciones a la libre expresión de los religiosos. Señaló que “desde el poder político se está promoviendo la idea de que los mensajes religiosos son discursos de odio, cuando en realidad transmiten valores y mensajes de paz”.
La CEM, presidida por monseñor Ramón Castro, también alzó la voz. A través de sus redes sociales, el obispo compartió un mensaje de la red Catolicfluencers, que denuncia la iniciativa como una violación a los derechos humanos. “Dicen que es para evitar discursos de odio, pero en realidad es censura disfrazada de ley”, expresó la publicación, que rápidamente se volvió viral entre comunidades religiosas católicas y evangélicas.
Los puntos clave de la iniciativa para regular publicaciones digitales de religiosas en México
El documento propone que los religiosos y asociaciones que utilicen medios digitales o plataformas de contenido multimedia estén obligados a respetar los lineamientos emitidos por la ATDT, los cuales deberán publicarse en un plazo máximo de 90 días después de aprobada la ley. Además, otorga 180 días a las asociaciones religiosas que operan por medio de terceros para ajustarse a las nuevas normas.
El proyecto también establece que los religiosos no podrán realizar proselitismo político ni emitir mensajes discriminatorios, argumentando que la medida busca “preservar la laicidad del Estado”. Sin embargo, críticos de la iniciativa aseguran que se trata de un intento de control ideológico por parte del gobierno, al definir qué tipo de mensajes pueden o no difundirse sobre la fe, la moral o los valores.
En sus declaraciones, Esqueda enfatizó que “el gobierno no puede decidir lo que los creyentes o líderes espirituales expresan en redes sociales”. Según él, la iniciativa abre la puerta a una persecución digital contra quienes profesan públicamente su fe.
Rechazo ciudadano y campaña de firmas
Ante el avance del proyecto, organizaciones civiles y colectivos religiosos lanzaron una campaña nacional para detener la propuesta antes de que sea discutida en el Pleno de la Cámara de Diputados. La plataforma Actívate.org.mx ha recabado más de diez mil firmas en línea, que serán entregadas directamente al diputado Arturo Ávila y al grupo parlamentario de Morena.
“Limitar la voz de quienes enseñan y acompañan espiritualmente a la sociedad es un atentado contra la libertad de todos. Esto no es un Estado laico, es cristianofobia institucional”, afirmó Esqueda.
La propuesta también plantea que las publicaciones de sacerdotes y ministros sean supervisadas mediante algoritmos para evitar sesgos discriminatorios y que colaboren con la Secretaría de Cultura y el INAH en la difusión de patrimonio religioso. Sin embargo, especialistas advierten que estas disposiciones son ambiguas y podrían abrir la puerta a una vigilancia masiva sobre los contenidos de las comunidades religiosas.
Por ahora, la iniciativa para regular publicaciones digitales de religiosos sigue pendiente de dictamen en comisiones, pero ha encendido las alarmas entre las iglesias católica y evangélica, así como en diversas organizaciones defensoras de derechos humanos. Todos coinciden en que su aprobación representaría un grave retroceso para la libertad de expresión y religiosa en México.