El tema del acceso libre y gratuito a las playas de México ha generado polémica durante años, especialmente en destinos turísticos de gran afluencia como Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Los Cabos, donde en repetidas ocasiones se ha denunciado que hoteles, desarrollos privados e incluso autoridades locales han restringido o condicionado el ingreso a zonas que, por ley, son bienes nacionales de uso común.
Ante esta situación, legisladores federales impulsaron una iniciativa que podría marcar un antes y un después en la defensa de este derecho ciudadano.
La iniciativa legislativa aprobada en Diputados
El pasado 1 de octubre, los diputados Ricardo Monreal y Enrique Vázquez Navarro presentaron una reforma para garantizar el acceso libre y gratuito a las playas de México. La propuesta fue aprobada en la Cámara de Diputados y enviada al Senado para su análisis y eventual aprobación definitiva.
La reforma plantea modificar la Ley General de Bienes Nacionales con un artículo que establece lo siguiente:
- El acceso a las playas y a la zona federal marítimo-terrestre será libre, gratuito y permanente para todas las personas, sin importar origen, nacionalidad o condición social.
- Las autoridades federales, estatales y municipales deberán garantizar accesos desde vías públicas.
- Queda prohibido imponer cobros, cuotas o restricciones para ingresar a playas y zonas federales, salvo en casos excepcionales de protección ambiental, seguridad o interés nacional.
Contexto: las playas en México, entre la privatización y la defensa ciudadana
La Constitución mexicana ya reconoce que las playas son bienes de la Nación y, por lo tanto, deben ser de uso público. Sin embargo, en la práctica, muchos turistas y residentes han denunciado que algunos complejos hoteleros, desarrollos inmobiliarios y autoridades locales colocan cercas, guardias privados o cobran tarifas de acceso.
Uno de los casos más sonados ocurrió en Quintana Roo, donde visitantes denunciaron que se les pedía pagar para acceder a playas en Tulum y Cancún. Incluso en 2020, el caso de un turista nacional que grabó cómo le negaban el acceso a una playa de Cancún se viralizó y reavivó el debate.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había establecido en resoluciones anteriores que las playas son bienes nacionales de uso común y que cualquier restricción debe tener sustento legal, no intereses privados.
Sanciones previstas para quienes limiten el acceso
De acuerdo con el artículo 127 de la Ley General de Bienes Nacionales, las concesiones o permisos en zonas federales marítimo-terrestres deben garantizar el acceso público a las playas. Si se incumple, la consecuencia será la revocación de la concesión.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tendrá la responsabilidad de vigilar el cumplimiento, realizando inspecciones semanales, sobre todo en domingos y días festivos, que son cuando más turistas y locales visitan las playas.
A su vez, los visitantes estarán obligados a respetar las medidas de cuidado ambiental y de biodiversidad, ya que el uso público no exime de la responsabilidad de proteger los ecosistemas costeros.
Casos recientes y denuncias ciudadanas
Aunque existen múltiples denuncias, algunos de los casos más conocidos incluyen:
- Playa Marlín (Cancún, Quintana Roo): visitantes reportaron guardias privados que impedían el paso por accesos que deberían ser públicos.
- Tulum: hoteles en la zona colocaron rejas y cobraban tarifas de acceso, lo que provocó que asociaciones civiles interpusieran quejas ante Profepa y Semarnat.
- Los Cabos (Baja California Sur): pescadores locales denunciaron que desarrollos turísticos bloqueaban caminos de acceso a playas utilizadas históricamente por comunidades.
- Puerto Vallarta (Jalisco): organizaciones ambientales señalaron que algunos accesos fueron privatizados bajo la figura de “clubes de playa” con cobros obligatorios.
Estos casos refuerzan la necesidad de una ley clara y con sanciones efectivas, para garantizar que las playas sigan siendo de todos los mexicanos y de quienes visitan el país.
Impacto en el turismo y la economía local
El turismo es una de las principales fuentes de ingreso de México. Según datos de la Secretaría de Turismo, en 2024 el país recibió más de 42 millones de visitantes internacionales. Muchos de ellos eligen México justamente por sus playas.
Restringir el acceso con cobros indebidos no solo afecta a turistas nacionales y extranjeros, sino también a la población local, que muchas veces no puede pagar tarifas impuestas para disfrutar de un bien que, por ley, debería ser gratuito.
Con la aprobación de esta reforma, se busca fortalecer la competitividad turística de México, garantizando que los destinos de playa sean accesibles para todos y generen confianza en los visitantes.
Próximos pasos: debate en el Senado
Tras la aprobación en Diputados, la iniciativa fue turnada al Senado, donde deberá discutirse en comisiones y posteriormente en el pleno. Si se aprueba sin modificaciones, se publicará en el Diario Oficial de la Federación y entrará en vigor de inmediato.
En caso de convertirse en ley, se abriría la puerta a que ciudadanos y organizaciones interpongan denuncias en caso de que hoteles, autoridades locales o particulares limiten el libre acceso.
Proteger los espacios públicos para el pueblo
La aprobación en Diputados de la iniciativa que garantiza el acceso libre y gratuito a las playas de México es un paso clave en la defensa de los derechos ciudadanos y en la protección de espacios públicos que forman parte de la identidad cultural y turística del país.
Si bien la legislación actual ya contempla este derecho, la realidad demuestra que aún existen prácticas abusivas. Con esta reforma, se busca no solo garantizar la entrada libre a las playas, sino también sancionar a quienes pretendan privatizarlas o lucrar con su acceso.
El debate en el Senado será determinante. De aprobarse, México podría consolidar un marco legal más fuerte que brinde certeza tanto a turistas como a comunidades locales, asegurando que sus playas sigan siendo un patrimonio de todos.
