Empresarios de Estados Unidos detenidos por huachicol fiscal en México es una de las noticias que más ha generado impacto en los últimos meses, luego de que autoridades federales confirmaran la captura de James Jensen, de 68 años, y de su hijo Maxwell, de 25.
Ambos fueron acusados de participar en una red de tráfico de combustible que operaba en coordinación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La investigación, conocida como Operación Muerte Líquida, dejó al descubierto un esquema binacional de corrupción y contrabando que compromete a empresarios, funcionarios y organizaciones criminales.
El origen del caso: el buque Challenge Porcyon
El 19 de marzo de 2025, autoridades mexicanas detectaron un cargamento irregular en el buque petrolero Challenge Porcyon, atracado en Tampico. Aunque en los documentos de aduanas se declaraban como “desperdicios de aceites lubricantes” y “destilados de petróleo”, la carga en realidad consistía en combustible de contrabando. Este hallazgo encendió las alarmas y permitió vincular las operaciones ilícitas con empresas estadounidenses.
Empresarios de Estados Unidos detenidos por huachicol fiscal en México
El 29 de abril, agentes de la DEA, FBI, HSI y del IRS tomaron el control de la terminal marítima Arroyo, en Río Hondo, Texas, propiedad de la familia Jensen. Allí confiscaron cuatro buques petroleros cargados con combustible, tres camiones cisterna y una camioneta. Posteriormente, el 30 de mayo, James y Maxwell Jensen fueron arrestados en Utah y puestos a disposición de un gran jurado federal en Brownsville, Texas.
De acuerdo con el expediente, los Jensen habrían traficado 2,881 cargamentos de crudo entre 2022 y 2025, lo que generó ganancias por más de 300 millones de dólares, de los cuales al menos 47 millones fueron enviados directamente a socios criminales en México.
Testimonios y acusaciones federales
El fiscal federal en Houston, Nicholas Ganjei, señaló que los empresarios “no solo entregaban combustible, sino que también proporcionaban armas, autos y casas de seguridad al cártel”. Por su parte, Craig Larrabee, director de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en San Antonio, subrayó que este caso revela las “peligrosas relaciones entre empresas estadounidenses sin escrúpulos y organizaciones terroristas”.
Los Jensen enfrentan cargos que podrían significar hasta 45 años de prisión y multas millonarias en caso de ser encontrados culpables.
El modus operandi del huachicol fiscal
El esquema descubierto se basaba en la complicidad entre empresas, funcionarios y organizaciones criminales. El proceso era el siguiente:
- Sobornos en aduanas: Empresas dedicadas a la importación de hidrocarburos sobornaban a funcionarios aduaneros para permitir la entrada de buques cargados con combustible.
- Documentación falsa: El producto era declarado como aditivos o aceites lubricantes para evadir impuestos y controles.
- Refinación en EU: El crudo se almacenaba en terminales estadounidenses y era refinado antes de regresar a México.
- Reventa en México: El combustible regresaba como gasolina “legal” a través de aduanas en Tamaulipas, para ser distribuido en gasolineras sin pagar impuestos.
Un ejemplo es la empresa Instanza, que entre 2024 y 2025 habría introducido 190 millones de litros de huachicol en México, con un soborno de hasta 1 millón 750 mil pesos por buque.
Empresas implicadas
Además de la terminal Arroyo de los Jensen, otras compañías como Big Hog Energy y Jentran también están bajo investigación por colaborar en el tráfico de combustible. Estas empresas formaban parte de un conglomerado que blanqueaba crudo robado a Pemex, lo refinaba en Estados Unidos y lo devolvía a México como gasolina lista para la venta.
El esquema, según la DEA, representa un nuevo modelo de financiamiento para el CJNG, pero también implica a otros cárteles como Los Zetas y el de Sinaloa.
Impacto en México
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la red de huachicol fiscal no solo involucraba a empresarios extranjeros, sino también a servidores públicos y empresas mexicanas. Documentos judiciales apuntan a que durante el sexenio 2018-2024 se consolidó una red de corrupción en aduanas que permitió el paso de hidrocarburos de contrabando.
Entre las compañías mexicanas señaladas se encuentran Grupo Jomadi Logistics & Cargo S.A. de C.V., Energy International LLC y Serv Energy LLC, todas vinculadas a la distribución de combustible en estaciones de servicio.
La Operación Muerte Líquida
El operativo que permitió la captura de los Jensen no fue un hecho aislado. Se trató de una investigación conjunta de varias agencias federales estadounidenses que trabajaron de la mano con autoridades mexicanas. El nombre de la operación hace referencia a la manera en que los cárteles han encontrado en el tráfico de hidrocarburos una nueva fuente de ingresos que financia violencia y actividades criminales.
Consecuencias legales y fiscales
El caso ha abierto un debate sobre el papel de las empresas estadounidenses en el huachicol fiscal y el daño que ocasiona tanto a México como a Estados Unidos. Según expertos en comercio internacional, los desfalcos fiscales derivados de este esquema ascienden a miles de millones de pesos, lo que afecta directamente al erario mexicano y fomenta la expansión del crimen organizado.
De ser declarados culpables, los Jensen no solo enfrentarán décadas de prisión, sino también la pérdida definitiva de sus activos, incluidos buques, terminales y propiedades.
Reflexión final
El caso de los empresarios de Estados Unidos detenidos por huachicol fiscal marca un precedente en la lucha binacional contra el tráfico de combustibles. Deja en evidencia que el robo y contrabando de hidrocarburos ya no es un problema exclusivo de México, sino un negocio transnacional que involucra a compañías estadounidenses, funcionarios corruptos y cárteles mexicanos.
La Operación Muerte Líquida es solo la punta del iceberg de un esquema mucho más amplio que todavía está siendo investigado.
Lo cierto es que la relación entre empresarios de Estados Unidos y el crimen organizado en México representa un riesgo para la seguridad regional y un desafío para las autoridades que buscan frenar el avance del huachicol fiscal.