El huachicol fiscal en México se perfila como uno de los escándalos de corrupción más graves de los últimos años. Las recientes detenciones, decomisos y exposiciones mediáticas revelan una red criminal sofisticada que combina evasión fiscal, tráfico de combustibles y complicidades institucionales.
A continuación, todo lo que se sabe hasta ahora, quiénes están implicados y lo que esto podría significar para el gobierno.
¿Qué es el huachicol fiscal?
El término huachicol fiscal hace referencia al contrabando técnico de combustible: introducir gasolinas o diésel al país, disfrazándolos como lubricantes, aditivos o productos que no pagan impuestos como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) ni el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
A diferencia del robo físico de combustible de ductos (el huachicol tradicional), este esquema implica fraude, corrupción aduanera, manipulación de trámites fiscales y participación de diversos actores públicos y privados.
Casos recientes: “La Barredora” y la red de los hermanos Farías Laguna
Hernán Bermúdez Requena (“La Barredora”)
- Exsecretario de Seguridad de Tabasco bajo la administración de Adán Augusto López, Bermúdez fue detenido en Paraguay y trasladado a México, donde enfrenta cargos graves. Se le acusa de liderar la organización criminal La Barredora, vinculada al Cártel Jalisco (CJNG), implicada en tráfico de combustible y huachicol fiscal.
- Se le vincula con operaciones ilegales como la planeación de extracción de 38 millones de litros de combustible en el puerto de Dos Bocas, y con la operación semanal de 180 mil litros para obras del Tren Maya (tramos 4 y 5) en un esquema coordinado con familiares.
Hermanos Farías Laguna
- Operaban una red que desde al menos 2023 introdujo combustible ilegalmente (como aditivos o lubricantes) desde Houston hacia México, específicamente a puertos como Altamira y Tampico en Tamaulipas.
- El monto del perjuicio al erario por sus actividades asciende a beneficios estimados en 150 millones de dólares y un volumen de más de 564 millones de litros de combustible ilegal traficado.
Pérdidas al erario y daños institucionales
- Se calcula que solo por el huachicol fiscal México ha perdido alrededor de 9.200 millones de dólares al año (más de 150 mil millones de pesos), cifra que incluye evasión de IEPS, IVA y otros impuestos.
- Se ha documentado que aduanas en 13 estados están bajo sospecha por participar en contrabando de combustible: rutas sospechosas, declaraciones falsas y compañías fachada que ocultan su actividad ilícita.
- Las implicaciones institucionales son de gran alcance: hay cuestionamientos sobre el papel de la Marina, aduanas, personal de seguridad, contratistas del gobierno, así como la vigilancia fiscal y aduanera.
Respuestas del gobierno y los riesgos que enfrenta
- El caso Bermúdez ha generado presión política considerable. La presidenta Claudia Sheinbaum se ha comprometido a mantener una política de “cero impunidad”, aunque críticos señalan que muchos de los actos señalados eran conocidos desde años atrás.
- Adán Augusto López, quien fue gobernador de Tabasco cuando Bermúdez estaba en posiciones de seguridad, ha negado conocimiento de las anomalías, aunque permanece bajo escrutinio.
- Autoridades han detenido a al menos 14 personas asociadas con redes de huachicol fiscal, incluyendo la captura de buques petroleros declarados como productos exentos de impuestos.
¿Por qué este tema está desplazando otras crisis?
- Porque las pérdidas fiscales son enormes y afectan servicios públicos, presupuesto social, salud y programas de infraestructura. Cada peso perdido por huachicol fiscal es un peso que no llega a escuelas, hospitales o programas de bienestar.
- Porque involucra instituciones clave —armada, aduanas, autoridades estatales y federales— lo que erosiona la confianza ciudadana.
- Porque las operaciones detectadas muestran sofisticación técnica: uso de declaraciones aduaneras fraudulentas, empresas fachadas, y corrupción en filas oficiales.
Conclusión: el huachicol fiscal en México y su futuro
El huachicol fiscal en México ya no es solo un rumor o acusación política: los nombres, cargos y pruebas comienzan a salir a la luz. El desafío para el gobierno actual es demostrar que no hay impunidad: sanciones ejemplares, transparencia en las investigaciones y reformas estructurales.
Si Sheinbaum opta por medidas superficiales, la credibilidad de su administración queda en juego; si actúa con decisión, podría marcar un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción. De esto depende, en gran parte, si la sociedad recupera la confianza perdida.
