El próximo mes de marzo de 2025, continúa una acción legal del gobierno de México contra los fabricantes de armas en Estados Unidos.
En tal sentido, el próximo 4 de marzo, la Corte Suprema de Estados Unidos celebrará una audiencia clave en la demanda que el gobierno de México interpuso contra ocho fabricantes y distribuidores de armas en 2021.
Este caso, radicado en una corte federal de Massachusetts, el gobierno de México contra los fabricantes de armas busca determinar si las empresas demandadas gozan de inmunidad legal a pesar de que sus prácticas comerciales facilitan el tráfico ilícito de armamento entre los grupos armados.
La acción legal del gobierno de México contra los fabricantes de armas tiene una relevancia debido a que la crisis de violencia en México, donde el 74% de las armas incautadas provienen de Estados Unidos, según datos del Departamento de Justicia estadounidense.
Por otro lado, a esto se suma un reciente informe de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EE.UU., que estima que cada año ingresan ilegalmente a México alrededor de 200,000 armas desde el vecino del norte.
Hasta el momento, México mantiene dos litigios principales en tribunales estadounidenses.
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Gobierno de México contra los fabricantes de armas en Estados Unidos
El primero, presentado en 2021 en una corte federal de Massachusetts, se dirige contra ocho fabricantes y distribuidores de armas.
El segundo, interpuesto en 2022 en Arizona, apunta a cinco tiendas que presuntamente venden armas con pleno conocimiento de que terminarán en manos del crimen organizado.
El litigio del gobierno de México contra los fabricantes de armas en Estados Unidos busca es demostrar que las empresas armeras no han adoptado tecnologías que impidan el uso de sus armas por personas no autorizadas, que toleran ventas múltiples a compradores con vínculos criminales y que utilizan estrategias de marketing dirigidas a grupos delictivos en México.
La primera audiencia del 4 de marzo es clave porque la Corte Suprema analizará si los fabricantes de armas gozan de inmunidad legal.
La presidenta Claudia Sheinbaum indicó recientemente que su gobierno busca ampliar la demanda para incluir la “complicidad” de quienes venden armas a grupos delictivos. “Dado que Estados Unidos ha catalogado a estos grupos como terroristas, tiene que haber un vínculo entre quienes les proveen de armamento”, señaló.
Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, señaló que Washington trabaja en un plan conjunto con México para frenar el tráfico de armas, drogas y personas.
“Ellos nos están pidiendo ayuda para mantener las armas fuera de las manos de los cárteles”, afirmó Rubio.
Sin embargo, las críticas a la falta de acción efectiva de ambos gobiernos han sido constantes. Javier Schütte, jurista y profesor del ITAM, subrayó al participar en el foro “Aportes del Seminario sobre Violencia y Paz a la discusión sobre las armas de fuego en México”, organizado por el Colegio de México, que “hoy en Estados Unidos hay más armas que personas: 114 por cada 100 habitantes”, lo que refleja el reto que enfrenta esta demanda.
En este tema, Eduardo Guerrero, especialista en seguridad y director de Lantia Intelligence, explicó que “el crimen organizado en México ha mutado de ser un fenómeno violento a uno expansionista, donde el control territorial es clave”.
“El 70% de los homicidios dolosos en México están vinculados al crimen organizado y muchas de estas muertes son perpetradas con rifles y ametralladoras adquiridas en Estados Unidos”, detalló Guerrero.
Un punto central del litigio del gobierno de México contra los fabricantes de armas en Estados Unidos es atacar la propagación de la violencia a través de la publicidad.
Se ha documentado que algunas de estas empresas han diseñado armas con nombres y temáticas que apelan directamente al narcotráfico en México, como la pistola “El Jefe de Jefes” de la marca Colt.
Schütte enfatizó que “menos del 10% de las tiendas distribuidoras de armas en Estados Unidos son responsables del 90% de las armas recuperadas en escenas del crimen en México”. Esto refleja que el problema no es solo la disponibilidad de armas, sino la negligencia sistemática en su distribución.
“Las armas son al crimen organizado lo que el veneno a la serpiente”, indicó el especialista.
Aguayo advirtió que “el litigio es un primer paso, pero no una solución definitiva”. En este sentido, los expertos plantearon la necesidad de un acuerdo de seguridad entre Estados Unidos y México similar al TLCAN, pero enfocado en frenar el tráfico de armas y drogas.
Según Eduardo Guerrero, “aunque se lograra restringir el flujo de armas desde EE.UU., los cárteles tienen capacidad financiera suficiente para adquirir armamento en otros mercados, como Centroamérica, Brasil o Venezuela”.

Cifras sobre el tráfico y uso de armas en México
La acción legal del gobierno de México contra los fabricantes de armas de Estados Unidos está motivado por los siguientes datos:
- 74% de las armas incautadas en México provienen de Estados Unidos, según un informe del Departamento de Justicia de EE.UU. (enero 2024).
- 200,000 armas se trafican ilegalmente desde EE.UU. hacia México cada año, según la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).
- 1.4 millones de armas ilegales están en circulación en México actualmente.
- Solo se ha recuperado 8.6% de las armas ilegalmente traficadas en los últimos 20 años.
- Menos del 10% de las tiendas distribuidoras de armas en EE.UU. venden casi el 90% de las armas recuperadas en escenas del crimen en México.
- Empresas armeras han lanzado modelos de armas con nombres dirigidos al narcotráfico, como la pistola Jefe de Jefes de Colt.
- El Federal Assault Weapons Ban, que expiró en 2004 en EE.UU., coincidió con un aumento de la violencia armada en México.
- Se han registrado más de 350,000 muertes relacionadas con la violencia desde 2006.
- Actualmente, solo hay cuatro expedientes de investigación abiertos en la Fiscalía General de la República (FGR) por tráfico de armas desde el extranjero.


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