Parece que el triunfo de Donald Trump ha sido aprovechado para «reflotar» algunas decisiones anti migrantes, y esto se confirma con la anulación del parole in place.
Este jueves 7 de noviembre, un juez federal dictaminó anulación del parole in place, un beneficio de la administración de Joe Biden, que otorgaba estatus legal a unas 500,000 cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses así como unos 50,000 hijastros indocumentados de ciudadanos.
La lucha para la anulación del parole in place
El juez J. Campbell Barker, nombrado por Donald Trump en su gobierno, había suspendido previamente la regulación, pero dijo este jueves en su fallo que la anulación del parole in place se debe a que el Congreso no había otorgado al poder ejecutivo la autoridad para implementar tal política.
Campbell Baker determinó que el Departamento de Seguridad Nacional no tenía autoridad legal bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad para otorgar el ‘parole in place’ a inmigrantes elegibles para el programa denominado ‘Keeping Families Together’.
En junio, Biden anunció la nueva política, la anulación del parole in place afecta a miles de personas que optaban a la ciudadanía; se estimaba que aproximadamente medio millón de inmigrantes casados con ciudadanos estadounidenses contarían con la opción.
Anulación del parole in place: Corta vida
Sin embargo, 16 estados presentaron una demanda diciendo que la política les está costando millones de dólares en servicios públicos, incluyendo atención médica, educación y aplicación de la ley utilizados por los inmigrantes.
Por ello el pasado 13 de septiembre un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 5º Circuito ordenó a una corte federal de Texas que “suspenda administrativamente” todo procedimiento relacionado con el programa ‘parole in place’, suspendido temporalmente en agosto por orden del juez federal J. Campbell Barker.
A finales de agosto, Campbell Barker dejó sin efecto temporalmente el programa en respuesta a una demanda entablada por una coalición de estados gobernados por republicanos encabezados por Texas, quienes alegan que el ‘parole in place’ es ilegal al otorgar beneficios migratorios sin la autorización del Congreso a extranjeros que no tienen admisión legal en el país.
Pese a ello el fallo permitió a la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) seguir aceptando formularios I-131F de inscripción al programa, el dictamen le prohíbe a la agencia federal procesar y adjudicar las solicitudes de libertad condicional y obtener el beneficio ofrecido por el presidente Joe Biden.
