¿Cuál es el alcance del nuevo decreto de ciudadanía de hijos de inmigrantes sin estatus legal? La nueva disposición deja en el aíre a miles de madres que están en gestación.
Lo primero que debe saberse es que, según el decreto, la medida no es retroactiva y se aplicará para todos los hijos de padres indocumentados que nazcan después del 19 de febrero de 2025, al menos que uno de ellos sea ciudadano estadounidense o residente permanente de Estados Unidos.
Pese a ello, hay muchas divergencias sobre el alcance del nuevo decreto de ciudadanía de hijos de inmigrantes sin estatus legal
Hay muchas interpretaciones al respecto, pues no hay nada claro, algunos estiman que incluye a los que tienen visa de trabajo, TPS, y claro, los visitantes con visa de turismo.
“Esto también afecta a las personas que están aquí con una visa de no inmigrante, como un estatus migratorio temporal. Por ejemplo, si están con visas de trabajo como la H1B o L1, es decir aquellas personas que están aquí legalmente porque han venido a trabajar para una empresa, si tienen hijos, estos ya no serían ciudadanos estadounidenses al nacer en EEUU”, respondió a la Voz de América Freg Chen, director de Relaciones Gubernamentales de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración en una conferencia virtual organizada por America’s Voice.
Aunque esta posición aún no es oficial, solo podría conocerse el alcance del nuevo decreto de ciudadanía de hijos de inmigrantes sin estatus legal cuando aplique la medida, o cuando el gobierno lo decida antes de la fecha.
El alcance del nuevo decreto de ciudadanía de hijos de inmigrantes sin estatus legal afectaría a aquellos inmigrantes que estén con un Estatus de Protección Temporal (TPS) o a la espera de una solicitud de asilo.
Ciudadanía de hijos de inmigrantes sin estatus legal
La orden también establece no emitir pasaporte ni número de Seguro Social a los niños nacidos en EEUU después del 19 de febrero que no demuestren el estatus legal de al menos uno de los padres.
Esta situación desencadenará una “pesadilla logística” para las agencias porque según lo expertos los nuevos requisitos para solicitar este tipo de documentos se aplicarán a todas las personas en EEUU.
Por otro lado, la campaña de Trump, aseguró en comunicación escrita que esta orden ejecutiva era una manera de “cumplir con la promesa” del presidente de terminar con lo que catalogan como “turismo de nacimiento”.
Se inicia una batalla legal migratoria
Tras la firma del decreto no tardaron las demandas contra el gobierno estadounidense que consideran la orden ejecutiva “inconstitucional”.
Las secciones de la Unión Americana de Libertades Civiles en Nueva Hampshire, Maine y Massachusetts, junto con otros defensores de los derechos de los migrantes, presentaron una demanda ante el tribunal federal de Nueva Hampshire para detener la orden ejecutiva.
A esta demanda se unió el Distrito de Columbia y la ciudad de San Francisco.
“El presidente argumenta que la enmienda es para personas que están bajo la jurisdicción de EEUU y eso es algo que ya ha sido clarificado y confirmado en la Corte Suprema desde 1898. Por ser un derecho que está en la Constitución nosotros argumentamos que esta orden ejecutiva es ilegal y de hecho apenas se firmó presentamos la demanda solicitando que se suspenda inmediatamente”, dijo a la Voz de América, Alba Villa, directora de desarrollo de LULAC, una de las organizaciones demandantes.
Posteriormente, fiscales de 22 estados también presentaron demandas para bloquear la medida del presidente Trump.
Los fiscales generales reconocieron la amplia autoridad del presidente Trump, pero al mismo tiempo consideran que la ciudadanía por derecho de nacimiento es una ley consolidada.
Del mismo modo, el miércoles, 22 de enero, cinco madres embarazadas, la organización CASA, el Proyecto de Abogacía para Solicitantes de Asilo (ASAP, por sus siglas en inglés) presentaron una demanda ante una corte en el estado de Maryland en respuesta a la orden ejecutiva que busca poner fin a la ciudadanía por nacimiento. Se espera que tan pronto como el jueves un juez de esta jurisdicción agende un primer contacto con las partes involucradas.
Por su parte, la Casa Blanca dijo que está lista para enfrentar a los estados en los tribunales y calificó las demandas como “nada más que una extensión de la resistencia de la izquierda”.